El vocero de la Cámara de la Innovación Farmacéutica CIF, señala a propósito de este proyecto de ley, que ”obligar a un médico a recetar la Denominación Común Internacional (DCI), a todo evento” no es lo mismo que obligarlo a ”prescribir el genérico”.

 

 

”El impulso que la Ley de Fármacos I dio a la bioequivalencia (BE) -al darle rango legal a esta y condicionar la intercambiabilidad de un medicamento en el mesón de la farmacia solo por un producto bioequivalente- ha demostrado ser el camino correcto en el objetivo de mejorar el acceso de los pacientes a medicamentos de calidad certificada y a menores precios” señala Jean-Jacques Duhart vicepresidente ejecutivo de la Cámara de la Innovación Farmacéutica, CIF.

Señala que un estudio reciente elaborado por IQVIA (ex IMS) muestra claramente cómo la política de bioequivalencia implementada en Chile durante el período 2013-2017 ”ha potenciado de manera sostenida y significativa el uso de los medicamentos genéricos bioequivalentes sin marca en el país, cuya proporción, dentro del total de medicamentos con exigencia de BE se eleva en la actualidad sobre el 70%, en unidades”, agrega.

En contrapartida, ”el estudio concluye que la proporción de medicamentos innovadores u originales (referentes), al igual que la de los genéricos con marca bioequivalentes (o similares), ha ido cayendo de manera persistente”.

Asimismo el estudio da cuenta de una caída en el costo dosis promedio para las moléculas incluidas en el estudio del Sernac (2016), producto de dicho cambio en la composición en la demanda hacia productos genéricos bioequivalentes sin marca, como muestra el gráfico.

 

”Ello evidencia que, cuando los pacientes tienen disponibles alternativas de calidad comparables (bioequivalentes) ellos optan naturalmente por aquellos más económicos (los bioequivalentes genéricos sin marca), mejorando de este modo el acceso a los medicamentos de calidad comprobada, que es lo que se proponía la política de bioequivalencia”, señala Jean-Jacques Duhart.

 

Temas pendientes

Consultado sobre los temas pendientes, explica que habiendo demostrado un impacto positivo en el acceso a medicamentos de calidad comprobada, el principal desafío que enfrenta hoy la política de bioequivalencia ”es seguir avanzando en su implementación en el país incorporando nuevas moléculas y asegurando la equivalencia terapéutica en los restantes productos a los que acceden los chilenos. Y de esta manera cerrar el atraso que mantiene nuestro país respecto de los estándares exigidos en los países OCDE, de la que Chile es miembro, y también respecto a otros países de la región, como México o Brasil que desde hace varios años exigen la demostración de equivalencia terapéutica a cualquier producto autorizado para su comercialización”.

”Debemos recordar, que en base a datos de IQVIA, en Chile existe heterogeneidad en materia de calidad de medicamentos donde todavía más de la mitad (56%) de los productos que se comercializan no han demostrado de manera completa su calidad eficacia terapéutica y seguridad como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y como es la regla aplicada por las agencias sanitarias en los países de la OCDE y también en varios de la región, como los mencionados México y Brasil”.

”Esta deuda que mantiene el país implica que todavía hay pacientes que tienen acceso a medicamentos de primera y otros a medicamentos de segunda según su poder adquisitivo, lo cual es impresentable desde el punto de vista ético y altamente inequitativo”, señala.

 

Proyecto de Ley De Fármacos II: lo que preocupa

”Creemos importante asegurar que el proyecto de Ley de Fármacos II permita efectivamente acelerar y profundizar este saludable proceso en cuanto a fortalecer el uso de genéricos bioequivalenes o con equivalencia terapéutica en términos más amplios, como lo recomienda la OMS”.

”Nos preocupa que varias disposiciones del actual proyecto generarán en la práctica el efecto contrario en cuanto a que: se eliminan los incentivos para seguir avanzando en materia de bioequivalencia; se abrirá una intercambiabilidad indiscriminada en la farmacia (no condicionada a productos con equivalencia terapéutica y calidad comprobadas), y se entregará la decisión de dispensación de manera completa a las cadenas de farmacias, las que privilegiarán la entrega de las versiones económicamente más atractiva (de mayor margen) de la DCI, en un contexto de alta concentración e integración vertical con sus propios laboratorios y marcas propias”.

”Contrariamente a lo que muchos creen, ‘obligar a un médico a recetar la Denominación Común Internacional (DCi) de un medicamento, a todo evento’ no es lo mismo que obligarlo a ‘prescribir el genérico’. Todos los medicamentos (originales, genéricos con marca, genéricos sin marca bioequivalentes o no), al momento de registrarse, deben indicar su DCI. Una receta que contenga solo el DCI significa, en la práctica, que el médico giró un ”cheque en blanco” permitiendo una intercambiabilidad indiscriminada en la farmacia por productos de calidad no comparables y agudizando un escenario de menor competencia y transparencia, lo que no es beneficioso para los pacientes”.

 


Fuente: El Mercurio

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