Reducir en 30% los precios de los medicamentos para mejorar el acceso y la transparencia de la industria farmacéutica es uno de los objetivos que se espera lograr a través de la Ley de Fármacos II que se tramita en el Congreso, y a la cual en mayo pasado el Ejecutivo introdujo una serie de indicaciones que apuntan a ser lo más eficaz posible en pro de lograr una ‘sustancial’ reducción en el precio de los medicamentos, como manifestó el presidente Sebastián Piñera en la oportunidad.

Favorecer el uso de la denominación común internacional (DCI) en las recetas médicas, reponer la venta de fármacos en góndolas y la creación de un comparador de precios de medicamentos online (www.tufarmacia.gob.cl), que permite georreferenciar las farmacias más cercanas que ofrecen un mejor precio para un medicamento en particular, son algunos de los ejes del proyecto. 

 

Afines del año pasado, en la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF) veían con preocupación que la discusión de la Ley de Fármacos II, iniciada en 2015, se había ‘desviado’ de su objetivo original, planteado en su título: modificación del Código Sanitario para regular los genéricos bioequivalentes y prohibir la integración vertical.

A juicio del gremio que representa a 22 compañías farmacéuticas de innovación, tanto americanas como europeas con presencia en Chile, ‘en lugar de dar señales claras hacia el fortalecimiento de los genéricos bioequivalentes, como una alternativa para mejorar el acceso de los chilenos a medicamentos de calidad, se introdujo una serie de indicaciones que ?ponían ripio? a las marcas’.

El proyecto fue despachado por el Senado en enero de este año, pero para la CIF, se hacía necesario avanzar en materia de competencia y transparencia en el mercado, resolviendo un problema al que responde la bioequivalencia: lograr ‘nivelar la cancha’ teniendo productos con calidad comparable. Algo en lo que Chile estaba aún a medio camino y por lo cual, estimaban que era un punto central a retomar. ‘En ese sentido, vemos positivamente que (con las indicaciones introducidas por el Ejecutivo en mayo) las nuevas autoridades hayan reafirmado su compromiso por retomar la bioequivalencia. Estábamos al debe en disponer de productos que tengan atributos certificados ante la autoridad. Esto no puede ser un tema de marketing ni un acto de fe, pues está comprometida la seguridad de las personas’, dice el vicepresidente ejecutivo de la CIF, Jean-Jacques Duhart.

De todas maneras, aunque recalca que en términos de ‘declaración de objetivos’ pareciera que se retomó el ‘buen camino’, en lo que respecta a la promoción de una adecuada comparabilidad de productos a través de la bioequivalencia, la forma en que está presentada la indicación, no le parece tan clara. Duhart explica que la indicación que presentó el Ejecutivo, y que debe aún ser votada, repone la posibilidad de prescribir por marca -que en el gobierno anterior se había eliminado del proyecto-, ‘pero tiene, a nuestro juicio, una redacción poco precisa pues mantiene la obligación de prescribir por la Denominación Común Internacional (DCI) -nombre genérico que identifica una sustancia farmacéutica o un principio activo farmacéutico- a todo evento, pero luego dice que el producto prescrito podrá ser intercambiado por cualquier DCI. Y las declaraciones de las autoridades no se condicen con esa redacción, por cuanto han dicho que efectivamente sólo se puede intercambiar por un producto bioequivalente.

-¿Esto es lo que más les inquieta de ese artículo en particular?

-Esta redacción deja abierta la posibilidad de que eventualmente se pudiera intercambiar por cualquier otro DCI. Algo que, sin embargo, se puede corregir. Lo más preocupante es que, aunque se repone la posibilidad de prescribir por marca, se insiste en la prescripción por DCI a todo evento, sin especificar para qué.

-¿Qué podría generar eso, en la práctica?

-Que el tema quede abierto y genere algo que llamamos ‘perforación de la receta médica’: más allá de que el médico pueda poner una marca, al recetar con un DCI que no dice exactamente para qué es, una vez que la receta llega a la farmacia, en un contexto de muchas versiones de ese DCI, el dependiente del mesón es quien decide qué medicamento vender. Y, por racionalidad económica, nadie asegura que ese dependiente entregue el más barato, el genérico o el de calidad. Lo que iría en contra del objetivo del proyecto.

-¿Qué plantean en este punto?

-Que hay que preservar la libertad de prescripción y que el profesional de la salud que intermedia la recomendación de un producto a partir de su evaluación clínica, pueda elegir entre las alternativas registradas en Chile. Pero en orden a lograr el objetivo planteado, que es cómo mejorar el acceso, introducir una exigencia: que el médico ponga la DCI para efectos de información y así ir generando una cultura ciudadana en este tema. Junto con ello, que la intercambiabilidad quede condicionada a que se haga por un producto de calidad comparable. Todo esto, cuidando dos criterios: para ser comparable en calidad, tiene que ser bioequivalente, y para asegurar que sea el más económico, que sea el genérico bioequivalente sin marca.

-Pero al final del día, los pacientes están más allá de esta discusión y sólo quieren mejorarse con medicamentos accesibles. Siempre está en la palestra el tema de los altos costos de los fármacos en Chile.

-Eso pasa porque persiste la duda sobre la calidad de los medicamentos. Por eso para nosotros es clave la bioequivalencia, porque es una certificación de que el fármaco tiene calidad comparable con el innovador que hizo todos los estudios de eficacia y seguridad. Con el tiempo, empieza a decantar un cierto sentido común en la medida que haya comparabilidad de calidad: cuando es la autoridad quien garantiza ese factor, se despeja una de las variables de incertidumbre y entonces la gente puede fijarse en el precio. El resultado es que se recompone la demanda hacia productos más baratos, incorporando incluso los costos de la bioequivalencia.

-¿Esa es la clave para que bajen los precios de los medicamentos?

-Aunque puede haber situaciones puntuales, el problema de fondo, y que no aborda este proyecto, es el alto gasto de bolsillo producto de una baja cobertura en medicamentos en el sistema. Y la forma de corregir eso es a través de seguros de salud que se hagan cargo de la mayor parte de ese gasto.

Eso es un problema estructural que requiere de decisiones políticas distintas y que esperamos pueda abordarse en una próxima discusión de reforma a la ley de isapres o de reforma previsional. Hay que tener una mirada sistémica completa y una solución de fondo, estructural, que se relaciona con usar mecanismos de seguridad social para el gasto en salud, donde el gasto en medicamentos es un componente más dentro de la canasta. Y eso, actualmente, no está siendo bien abordado.

 


Fuente: Diario Financiero