Establecer mejores accesos para cada paciente, acortar los años entre decretos, una mayor participación ciudadana, esclarecer un orden entre las patologías presentes también en GES, mayor transparencia en las evaluaciones y fortalecer la comunicación entre las instituciones y los pacientes, son las respuestas obtenidos tras el seminario del cual CIF fue parte.

“Debemos reflexionar acerca de la importancia que ha tenido la ley en la salud de las personas, así como también debemos tener claros los aspectos para mejorarla”, aseguró el ministro de Salud, Emilio Santelices, en la inauguración del seminario organizado por la Universidad Central junto a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicio de Salud (Cenabast), en donde distintos actores analizaron las propuestas, alcances y soluciones en torno a la Ley Ricarte Soto a tres años de su implementación en el sistema de salud chileno.

En la instancia, la periodista Cecilia Rovaretti, esposa del fallecido periodista nacional, por el cual la ley lleva su nombre, destacó que a pesar de que la reglamentación no es perfecta, “sí es un gran avance para los pacientes”. Y es que la normativa 20.850, actualmente cuenta con 18 patologías asociadas a enfermedades oncológicas, inmunológicas y poco frecuentes de alto costo, que hasta la fecha ha beneficiado a casi 12.000 personas, de las cuales 8.000 continúan siendo parte de ella, según cifras entregadas por Fonasa. 

Como parte de las presentaciones del seminario, el vicepresidente ejecutivo de Cámara de la Innovación Farmacéutica (CIF), Jean-Jacques Duhart, destacó dos puntos para mejorar dentro de la normativa nacional, la Implementación y la Priorización. En cuanto a la primera, señaló que “a pesar de que la ley Ricarte Soto, ha sido un gran avance para la salud en Chile, todavía subsisten los problemas de acceso de los pacientes”, esto porque hay casos, en que los prestadores de salud de ciertas patologías se encuentran muy alejados de los lugares de residencia de los pacientes, lo que conllevaría al problema.

En el desglose de los gastos de la normativa, el representante de CIF afirmó que “existen patologías que son atendidas por GES y por la ley Ricarte Soto, lo que conlleva a la duplicidad de consultas y diferencias de opinión entre los distintos tratantes”, dificultando al sistema el control de la enfermedad, y perjudicando potencialmente al paciente. Además, indicó que, en algunas patologías los pacientes deben incurrir en gastos adicionales para la realización de exámenes, pago de consultas u hospitalizaciones, por lo que señaló la necesidad de mejorar el acceso a medicamentos de calidad a través del impulso a la Bioequivalencia y de incluir a los medicamentos en la cobertura financiera de los seguros sociales, públicos o privados, siendo la próxima discusión de la ley de Isapres una buena oportunidad para analizar la medida.

En cuanto a la priorización, Duhart aseguró que es necesario “avanzar en mejorar los mecanismos de priorización”, porque mejoraría la transparencia en la evaluación. Así también, afirmó que se debieran acortar los plazos de promulgación de los nuevos decretos —el vigente dura hasta junio de 2019 —, ya que tres años podría ser perjudicial para los pacientes que presentan patologías de alto riesgo y requieren tratamiento de inmediato.

Punto en el que está de acuerdo Piga Fernández, de la Fundación Gist, quienes señalaron que los tiempos entre decretos, no son acordes con los tiempos de innovación por lo que debieran acortarse los plazos entre uno y uno. En cuanto al concepto de priorización, destacaron, al igual que Duhart, la necesidad en que exista una mayor transparencia en la evaluación, así como también mayores plazos para impugnación del Acta Pública de la Comisión de Priorización y mejora entre la comunicación del Minsal y las organizaciones ciudadanas.

Además, la Fundación de Cánceres Gastrointestinales, agregó que, dentro de los factores para mejorar la normativa nacional, sería una mayor participación de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, y la actualización constantemente de los registros y bases de datos, lo que conllevaría a una mejora en los tiempos de convocatoria y respuesta para las personas.

Por otra parte, Matías Libuy médico del Departamento de Políticas Públicas de Salud, presentó el estudio “Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo”, donde señaló que “existen una serie de aspectos destacables y otros perfectibles tanto en el proceso de priorización como en el proceso de implementación de la ley Ricarte Soto”, pese a ello, aseguró que la ley avanza y genera mecanismos para garantizar el derecho a la salud a un conjunto de prestaciones que antes no era posible que fueran cubiertas, como la enfermedad de Fabry o la Angioedema Hereditario. Además, destacó que sería positivo que se establezcan mecanismos de participación ciudadana, ya que incentivan la institucionalización y la creación de organizaciones en el área de salud. Así como también, existiría una mayor transparencia en la metodología de solicitudes hechas por la ciudadanía. 

 

Para saber más de los estudios presentados para mejorar la ley: