¿Qué dice el Proyecto de Ley de Fármacos II?

  • La modificación propuesta al 101 del Código Sanitario que obliga al médico a recetar un medicamento “exclusivamente” por su Denominación Común Internacional (DCI).
  • Así, se prohíbe a los profesionales de la salud incluir el nombre de fantasía o marca de un producto en la receta médica.

La obligación del médico a prescribir exclusivamente la DCI entrega a las cadenas de farmacias toda la decisión de compra, fortaleciendo su posición dominante en un mercado altamente concentrado

  • La obligación del profesional de la salud de individualizar un medicamento en la receta exclusivamente por la DCI, imposibilitándolo de incluir el nombre de fantasía convierte a la receta en un “cheque en blanco” que hace intercambiables en el mesón de farmacia a todos los productos farmacéuticos que compartan dicha DCI y sin considerar criterios de bioequivalencia.
  • Se producirá un escenario de competencia desleal, agudizado por la alta concentración de las cadenas de farmacias y la integración vertical de éstas, que poseen sus marcas y laboratorios propios o con relación comercial exclusiva, incentivando que se ofrezca ‘sobre el mesón’ los medicamentos de marca propia, limitando la existencia de canales alternativos para la dispensación de medicamentos.

La obligación del médico a prescribir exclusivamente la DCI no beneficia al paciente ya que no podrá distinguir entre productos de distinta calidad y seguridad y no se le asegura un mejor precio.

  • La redacción actual al artículo no obliga a la farmacia a entregar el medicamento genérico sin marca de menor precio ni que éste sea bioequivalente. Le entrega al dependiente de farmacia la posibilidad de elegir, a su simple arbitrio, entre todas las alternativas de medicamentos que compartan una DCI, con independencia de si tiene o no nombre de fantasía o si es bioequivalente o no.

Es importante recordar que, en Chile, cerca de un 45% de los medicamentos disponibles en farmacias no han comprobado su calidad, eficacia y seguridad a través de la certificación de bioequivalencia o de equivalencia terapéutica.

  • El paciente no podrá distinguir adecuadamente las desigualdades existentes en calidad de los productos y no tendrá la garantía de adquirir un medicamento de calidad, seguro y con eficacia terapéutica comprobable, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y como es la regla aplicada por las agencias sanitarias en los países de la OECD, y también en varios de la región como México y Brasil.

La obligación del médico a prescribir exclusivamente la DCI vulnera la libertad de prescripción del médico:

  • Al profesional de la salud se le restringen las opciones terapéuticas al prohibirse al médico el uso de marcas y abriendo una intercambiabilidad indiscriminada en el mesón de la farmacia no condicionada a bioequivalencia.
  • Así se pone en riesgo el cumplimiento de los deberes de cuidado de los profesionales y protección del paciente, comprometiendo la responsabilidad legal del médico.

¿Qué proponemos?

  • La CIF está de acuerdo con la prescripción obligatoria por la Denominación Común Internacional (DCI), a título informativo y para efectos de habilitar la intercambiabilidad sólo por medicamentos genéricos bioequivalentes o equivalentes terapéuticos, sin nombre de fantasía o marca.

  • Dicha regla debiera aplicarse sólo a aquellos productos que han demostrado bioequivalencia o equivalencia terapéutica, según establezca el reglamento que el Ministerio de Salud dicte a estos efectos.

  • Para aquellos productos que no hayan demostrado bioequivalencia o equivalencia terapéutica, los médicos y profesionales de la salud habilitados para prescribir deben poder agregar el nombre de fantasía o marca, si así lo estiman conveniente para la salud del paciente.